El brote del COVID-19 a nivel global, junto con las medidas para frenar la propagación del virus y contener la pandemia, no están afectando a todos por igual. Existen grupos de riesgo para quienes los efectos de contraer el virus pueden ser más nocivos, así como grupos especialmente vulnerables, a quienes las medidas paliativas y de cuidados colectivos colocan en una situación de mayor vulnerabilidad y exclusión. 

Para que nadie quede atrás, los Estados de la región deben priorizar la atención de quienes más apoyo necesitan. Los planes de abordaje de esta emergencia sanitaria deben garantizar el derecho a la salud para todas las personas, sin ningún tipo de discriminación, para ello es fundamental que tengan en cuenta las amplias desigualdades e inequidades existentes en las sociedades latinoamericanas, distribuyendo los recursos según las necesidades y asegurando que esta emergencia no desplace, segregue, empobrezca y vulnerabilice más a quienes viven en las circunstancias más difíciles [1].

VIVIENDA: Entre los más afectados, debemos pensar en las personas en situación de calle, para quienes el #quédateencasa es de imposible cumplimiento y requieren asistencia urgente. En el mismo sentido, quienes habitan asentamientos informales o barrios populares, así como campos de personas refugiadas y desplazadas internas, sufren de la falta de acceso a servicios básicos como agua potable y atención sanitaria; además de contar con una densidad poblacional más alta, lo cual dificulta el llamado “distanciamiento social” y genera posibles focos de contagio del virus [2]. Como dice la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la Vivienda Adecuada, “La vivienda se ha convertido en la primera línea de defensa contra el coronavirus. Tener un hogar rara vez ha sido una situación de vida o muerte más que ahora” [3]. 

TRABAJADORES Y TRABAJADORAS: Sin duda, uno de los grupos más afectados por esta crisis, es el de los y las trabajadoras de la economía informal (que en las grandes ciudades de la región supone una parte muy importante de la población), y las y los trabajadores desocupados o con ingresos insuficientes. Estos grupos o bien se ven obligados a acudir a su trabajo para poder seguir teniendo un ingreso, exponiéndose más al virus y bajo condiciones de trabajo aún peores, o bien se quedan sin trabajo y sin ingresos. Las mujeres, con una gran participación en el trabajo informal y no remunerado son uno de los principales grupos afectados. 

VIOLENCIA MACHISTA: Las medidas de confinamiento y restricción de movimientos incrementan los riesgos y los obstáculos para las niñas y mujeres víctimas de violencia machista que se ven obligadas a permanecer en casa con sus agresores. Tal y como indica ONU Mujeres, “Reconocer el impacto del COVID-19 en las mujeres y niñas, y asegurar una respuesta que aborde sus necesidades y garantice sus derechos es central para fortalecer los esfuerzos de prevención, respuesta y recuperación.” [4]

USO EXCESIVO DE LA FUERZA POR PARTE DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD: Especialmente preocupante es el posible uso de las medidas adoptadas ante el Coronavirus para reprimir, perseguir, silenciar e incluso asesinar a los sectores populares, líderes y lideresas sociales y defensores y defensoras de los derechos humanos. Un grupo de relatores y expertos del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha afirmado que “las declaraciones de emergencia basadas en el brote no deben utilizarse como base para dirigirse a grupos particulares, minorías o individuos, ni funcionar como una excusa para la acción represiva con el pretexto de proteger la salud. Tampoco deben servir para silenciar el trabajo de los defensores de los derechos humanos”. [5]

La POBLACIÓN MIGRANTE es otro de los grupos altamente afectados por estas circunstancias. Por un lado, dado su total desprotección ante la falta de servicios básicos y asistencia de cualquier tipo, así como la falta de una red de apoyo. Por otro lado, el incremento de la presencia de la fuerza pública en las calles en circunstancias de confinamiento y restricción de movimientos, y la exigencia de documentación y otras prácticas justificadas bajo medidas extraordinarias incrementan los riesgos de deportación para aquellas personas cuya situación no ha sido regularizada. A lo anterior, se suman los señalamientos y conductas xenófobas que se han observado en medio de la crisis socioeconómica generada por la propagación del virus. Ante estas circunstancias, las personas migrantes probablemente evitarán acceder al sistema de salud o proporcionar información sobre su estado de salud por miedo a la afectación de su situación migratoria. [6] 

Las PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD que se encuentran en centros penitenciarios a lo largo de la región son otro de los grupos altamente afectados, dadas las condiciones de hacinamiento, falta de salubridad y falta de acceso a servicios básicos. Varios gobiernos han tomado medidas preventivas que afectan los derechos de las personas privadas de libertad, tales como la reducción de las horas de visita por parte de familiares, y tantos otras personas están viendo afectados sus procesos.

Las COMUNIDADES ÉTNICAS Y LOS PUEBLOS INDÍGENAS requieren una mayor y especial protección, por el impacto que puede tener la pandemia entre sus miembros, así como en los territorios custodiados por éstos. La salud de la mayoría de Pueblos Indígenas ya esta comprometida debido a la alta prevalencia de enfermedades infecto-contagiosas introducidas y enfermedades crónicas no transmisibles [7], lo cual se agrava por la persistencia de condiciones de desigualdad, exclusión y discriminación en el acceso general a los bienes y servicios de la sociedad, así como por las condiciones de relativo aislamiento geográfico de sus territorios. Es fundamental que se establezcan estrategias de comunicación e información con pertinencia y alcance cultural. La CIDH hizo un llamado especial a los Estados “para que respeten, de forma irrestricta, el no contacto con los pueblos y segmentos de pueblos indígenas en aislamiento voluntario, dados los gravísimos impactos que el contagio del virus podría representar para su subsistencia”. [8]

En este contexto, los gobiernos de la región de manera progresiva están tomando diversas medidas sanitarias y de contención social, así como medidas económicas, fiscales y monetarias, que implican aumentar el gasto social, suspensión de cobros de créditos bancarios, congelamiento del recargo por no pago en los servicios de agua, acciones para evitar el desabastecimiento de bienes básicos [9], ayudas económicas específicas, medidas de regulación concretas en el mercado de vivienda, entre otras. 

No obstante, para que las políticas y medidas adoptadas por los Estados sean efectivas se requiere el compromiso de todos -especialmente del sector privado-, que las mismas sean concertadas con diversos sectores sociales, y que las personas conozcan sus derechos y los mecanismos establecidos para su implementación. Se están adoptando políticas públicas en un contexto en el cual el virus se expande muy velozmente, por ello en muchos casos vemos nuevas medidas casi a diario. En este escenario, el acceso a la información es un componente vital del plan de acción contra el Coronavirus. En momentos en que la información falsa y sin verificar circula con rapidez, generando alarmismo y confusión es primordial adoptar mecanismos para que las personas conozcan y usen el derecho, y para que participen de las discusiones públicas de las políticas públicas que moldean su vida.

Por nuestra parte estaremos monitoreando intensamente las políticas públicas adoptadas en nuestros países para garantizar que la pandemia no se utilice como excusa para promover políticas injustas o discriminatorias, acompañando a las comunidades con las que trabajamos para que tengan toda la información necesaria para ejercer sus derechos y proteger su salud, así como alzar sus reclamos ante las políticas que por acción u omisión vulneren sus derechos. 

La adopción de medidas ante esta pandemia por parte de los distintos Estados de la región, puede significar que los Estados están tomando en serio el derecho a la salud, lo cual celebraremos. No obstante, debemos exigir que se tomen también en serio el resto de derechos, especialmente los de los sectores vulnerabilizados de nuestras sociedades.

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